El régimen franquista se extendió entre 1939 y 1975.

REPORTAJE / Así lo denunció Amnistía Internacional, refiriéndose a las víctimas de la Guerra Civil.

Por Marcelo Risi

BBC Mundo

España pidió la extradición del ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet y condenó al ex militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de esa humanidad, aplicando el principio de jurisdicción universal. Sin embargo, "no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas de su propio país durante la Guerra Civil y el régimen franquista", denunció la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI). AI acaba de presentar el informe "España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista". La organización tiene la esperanza de que el gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero siga "las directrices y principios de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas, como en otros países tiene que aplicarse reparación, reconocimiento y restitución", según declaró a BBC Mundo su director, Esteban Beltrán. Agregó que España "es el único caso donde no se ha avanzado prácticamente nada 70 años después" de la Guerra Civil (1936-1939).

Tragedia

El pasado no ha sido completamente desenterrado.

AI estima que especialmente en los primeros años del conflicto se produjeron "al menos 30.000 desaparecidos forzadamente, miles de ejecutados extrajudicialmente o en consejos de guerra, decenas de miles de refugiados y exiliados". Para Beltrán, estas cifras convierten a la Guerra Civil española en "una de las grandes tragedias del siglo XX". Tomasi Redondo, cuyo padre y hermanos fueron fusilados cuando ella tenía 9 años, dijo que el informe de AI "es un homenaje para ellos". Y lamentó que personas en su situación hayan "estado muy olvidados durante el franquismo (1939-1975) y en democracia". "Ya no tengo esperanza de nada", añadió, aunque afirmó que aún quiere encontrar los restos mortales de su padre y hermano. El informe de AI denuncia que, a excepción de reparaciones parciales y administrativas hasta la fecha, "la inmensa mayoría de víctimas y sus familias no han tenido nada, ni saben dónde están sus seres queridos, ni han podido empezar recursos ante los tribunales, ni han recibido un sólo euro o peseta", explica su director.

Más allá de que "muchas fuentes primarias desaparecieron de los archivos durante los primeros años de la transición" a la democracia, hoy en día se mantienen obstáculos a la investigación, por ejemplo, "cuando un juez declara prescrito el delito sin investigar o cuando los restos mortales hallados se declaran restos arqueológicos", añade. Explica que se trata de consideraciones administrativas de ayuntamientos y sentencias judiciales ya en democracia que inhiben investigaciones penales. Según AI, el gobierno ha "olvidado por completo su responsabilidades como Estado ante miles de personas", dando lugar a un caso excepcional en el mundo. "Un régimen que hace 30 años termina, una guerra civil que empieza hace 70 y donde no hay casi verdad, reparación ni justicia", dijo Beltrán. En este sentido, José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, le explicó a BBC Mundo que la jurisprudencia se ha "aferrado a un formalismo jurídico desfasado, diciendo que para que haya revisión tiene que haber un hecho nuevo". Añadió que le preocupaba que en algunos sectores "la legalidad emanada del franquismo sea considerada igual a la emanada de un parlamento democrático".

Aprender de Latinoamérica

Para actuar en España, el magistrado Martín Pallín citó el ejemplo de Argentina como precedente legal. La Corte Suprema de este país declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que protegían a quienes habían cometido violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar (1976-1983).

El último monumento ecuestre de Francisco Franco que sobrevivía en Madrid fue retirado en marzo.

"En la comunidad jurídica internacional la sentencia no ha sido tachada de aberrante, vengativa o cualquier otro vicio de carácter legal", dijo anticipándose a los críticos de su propuesta de anular las dos normas de amnistía españolas de 1976 y 1977, es decir, que son "preconstitucionales". En su informe, AI cita los ejemplos por seguir en El Salvador, Guatemala y probablemente también en Uruguay. El director español de la organización afirmó: "No se pueden poner puertas al campo cuando son tragedias humanas tan grandes, tenemos mucho que aprender en España de los procesos contra la impunidad en América Latina, en lugares donde todavía se enfrentan a ejércitos que cometen graves violaciones de los derechos humanos". Fuera de España, "ningún otro país en el mundo ha seguido este modelo de olvido completo y de impunidad absoluta y dejar además que la única verdad oficial fuera la del régimen franquista", añade. Según AI, "las normas internacionales son claras y el Estado no puede elegir dar un poquito de verdad, nada de justicia y algo de reparación, no es algo que se pueda elegir como un menú a la carta". La organización lamenta que "hasta hoy el gobierno ha incumplido las fechas de la comisión interministerial que no ha sacado un proyecto de ley sobre reparación a víctimas del franquismo", como habría anunciado en las reuniones mantenidas con AI en 2004. AI no pierde la esperanza de que sus reclamos tengan un efecto. Esteban Beltrán recordó que "el abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero fue fusilado por los franquistas".